Bolivia en Buenos Aires: la vida después de las clausuras
Qué pasó en la comunidad boliviano-porteña después del incendio en el taller textil de Caballito; el miedo y el desempleo, los proyectos de las cooperativas, las mutuales y las sindicalizaciones; las denuncias y los subsidios
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Pasaron casi 30 días desde que el incendio en el taller textil de la calle Luis Viale, en Caballito, matara a seis personas de la comunidad boliviana.
Le siguieron denuncias, protestas y clausuras. Se crearon cooperativas, mutuales y documentos. Faltó el trabajo, la casa y la mercadería. Se ofrecieron subsidios, albergue y comida. Prometieron crear la Casa Boliviana y darles voto al millón de “paisanos” , es decir, a los emigrados que viven en la Argentina. La Justicia no detuvo a nadie. Los porteños empezaron a mirar sus ropas con recelo y los bolivianos en Buenos Aires conocieron la angustia tras la pesadilla.
Con la tragedia, quedó catapultada una verdad demorada: mucha de la ropa que visten los porteños fue cosida por manos invisibles que, en el mejor de los casos, fue mal paga. En el peor, según las denuncias que se multiplicaron en los últimos días, estuvieron sometidas a distintas situaciones de precariedad laboral: desde el hacinamiento hasta la esclavitud.
Esclavos. Las víctimas en el incendio hicieron sus denuncias, pero la que molestó en la comunidad fue la interpretación de Gustavo Vera, al frente del comedor La Alameda y del gremio disidente Unión de Trabajadores Costureros. El señaló que en esta fase del proceso productivo textil, los obreros (en su mayoría de origen boliviano) son víctimas de trata, traídos con engaños desde su país y sometidos a “un sistema de explotación que busca sacar la mayor ganancia y violar todas las leyes”.
Otras voces, como la de la Fundación El Otro (integrante de la Red Puentes Argentina) ya habían advertido sobre la informalidad y la ilegalidad del sector en su investigación sobre la responsabilidad social empresaria en la industria textil. Ellos hablaron de tres problemas: el de las “camas calientes” (compartidas rotativamente por varias personas), el de la posición en desventaja de los trabajadores al percibir salarios en negro y el de la dificultad de ejercer controles sobre la actividad, ya que con el cambio tecnológico, los talleres podían instalarse fácilmente en cualquier domicilio particular.
“Todo el mundo sabía que había un montón de talleres clandestinos. Pero nadie quería hacerse cargo o miraba para otro lado”, dijo a LANACION.com Carlos Jiménez, integrante de la flamante coordinadora de las organizaciones bolivianas.
Siete días de abril. Todavía no habían pasado cuatro días del incendio cuando miles de integrantes de la comunidad boliviana explotaron en las calles con el grito: “No somos esclavos. Queremos un precio justo.”
La policía calculó 2500 almas en las marchas, que se repitieron a lo largo de una semana, aunque los paisanos contaron unas 15.000. “El miedo (porque en el comedor La Alameda se decía que había que confiscar las máquinas [de coser y dárselas a los trabajadores]) se extendió a todos lados. Yo creo que por eso mucha gente se asustó y surgieron las protestas. Todos los fabricantes decían, ¿qué pasó?, ¿de dónde salió tanta gente?. Era para hacernos escuchar. Porque a fin de cuentas, estábamos durmiendo… Estábamos encerrados”, explicó Jiménez.
El costurero tiene un microtaller familiar en el barrio de emergencia de Cildáñez, conocido como uno de los polos de producción textil informal, además de Villa Soldati, Flores y Floresta. Jiménez trabajó en blanco hasta la crisis de 2001, cuando cerró el gran taller en el que cosía jeans para la marca Hang Ten.
El miedo, además, tenía otros antecedentes. “En un principio fue dramático. Parecía una [caza] de brujas donde cada familia se sentía aterrorizada porque hay testimonios de épocas pasadas de algunos allanamientos en los que se la pasó muy mal: volteaban las puertas a la fuerza, los ponían boca abajo en el piso, no respetaban a los niños… no respetaban a nadie”, explicó Fidel Colque, presidente de la Asociación Deportiva Altiplano, en donde todavía se encuentran alojadas familias sobrevivientes del incendio del taller de la calle Luis Viale.
Desempleo. Al cierre de esta nota las clausuras habían alcanzado a 138 talleres de las 365 inspecciones realizadas, según confirmó el ministro de Producción porteño, Enrique Rodríguez.
“Más de un tercio de los talleres inspeccionados fueron clausurados por estar en condiciones infrahumanas de trabajo o en condiciones que no pueden mantenerse.
Vamos a tener un combate frontal contra el trabajo en negro”, prometió Rodríguez.
En ese sentido, el ministro aseguró que más de 1000 trabajadores fueron afectados por las clausuras en esos locales que no cumplían las condiciones exigidas.
“Estamos colgados con el trabajo. Si no trabajas, no comes y entonces, ¿quién te da? Mi patrón era coreano y como los coreanos son unidos, se enteraron de las clausuras y ahí nomás cerraron. Yo sólo encontré la fábrica cerrada. Tuve que ir hasta el negocio de mi patrón y ahí me dijeron que cerraban hasta que todo pasara”, dijo Roberto (29), un costurero originario de la provincia de Jujuy, que habló con este medio en un pasillo de una dependencia del gobierno porteño. Allí fue a reclamar por el cuerpo de su hijita, que -a cargo de unos parientes- habría fallecido por sofocación, mientras él y su madre (Janneth, 26 -nacida en Bolivia-) trabajaban en el taller textil.
La jornada de trabajo que describe Roberto no varía mucho de la que hacen referencia otros costureros. Comienza a las ocho y termina a las 20, menos los sábados, que finaliza a las 13. El sueldo va de $400 a $550, según la producción.
“Mientras tengas trabajo y puedas coser, otra no te queda. Estás en un país que no es el tuyo”, respondió –con resignación- Janneth respecto a si no le cabían los mismos derechos que gozaban otros trabajadores.
El justo precio. Junto con las marchas vino el paro. La Coordinadora de las Organizaciones Bolivianas llamó a no trabajar por quince días hasta que mejorara la oferta que los fabricantes les hacían a los talleristas. La convocatoria se difundió a través de las radios de la comunidad como -entre otras- FM Latina 91.9.
“Se consiguieron mejores precios, aunque la coordinadora todavía no negoció eso. Ellos ahora ya ofrecen más. Pero todos están con miedo porque dicen: ‘si yo no tengo el taller habilitado y me pesca la DGI, entonces voy a pagar’. Entonces muchos están parando hasta que puedan mejorar [sus condiciones edilicias] o empezar su trámite [de blanqueo]”, señaló Jiménez.
La Coordinadora se organizó en tres cuerpos (la comisión de costureros, la de talleristas y el directorio), según relató a LANACION.com Rolando Nogales, integrante del directorio, y comenzó a negociar con el gobierno porteño, el consulado boliviano y, posteriormente, con la comisión enviada desde Bolivia por el presidente Evo Morales. La sede de reuniones tomó distintos lugares: el parque Avellaneda, el Indoamericano y un local de la calle Rivadavia 7750, donde ahora también tramitan las regularizaciones temporarias ofrecidas por medio del plan Patria Grande.
Cooperativas. También Nogales comentó que llamaron a un cuerpo de profesionales (arquitectos, contadores y otros) y volvieron a recorrer sus talleres. El resultado aproximado fue que el 90% del total no está en condiciones de ser habilitado. Al cierre de esta nota la Coordinadora estudiaba la forma de proveer asesoramiento de ese cuerpo de profesionales para talleristas, mientras que éstos discutían las opciones de conformar cooperativas, mutualizarse o sindicalizarse para poder estar en regla.
Otra cooperativa ya instalada, la 20 de diciembre de Gustavo Vera, emplea a costureros que producen buzos de egresados para los colegios de la zona norte porteña y diferentes prendas que se venden en algunos locales de Palermo Soho. Alcanzan retiros mensuales de hasta $800 por ocho horas de trabajo, según aseguró a este medio el gremialista disidente.
Hasta el legislador porteño kirchnerista, Diego Kravetz, presentó la semana pasada un proyecto de ley que plantea la confiscación de las maquinarias de los talleres inspeccionados y clausurados que se estaría tratando en la Legislatura porteña al cierre de esta nota. Las maquinarias serían expropiadas y el Estado las redistribuiría entre las víctimas de los talleres para que las trabajen en forma cooperativa.
Todos coinciden en que la política de clausuras no basta de por sí y que deberían surgir nuevas políticas públicas para proveer una solución a la situación de esta fase del sector productivo textil. A un mes de ocurrida la tragedia, se presentaron numerosos proyectos y la comunidad boliviana se ha organizado en nuevas instituciones. Denunciadas por unos, sospechadas por otros y calificadas como “históricas” por los propios. Aún así, el sistema instalado todavía no dejó de producir nuevas víctimas.
Silvana Santiago y Tamara Krell
De la Redacción de LANACION.com
Sin detenidos
Hasta el momento, ninguna persona fue indagada ni detenida por el incendio en el taller de Luis Viale en el que hace casi un mes fallecieron seis ciudadanos bolivianos.
La causa, llevada por la Fiscalía N°30 a cargo de la doctora Betina Vota, fue caratulada como incendio y otros estragos seguido de muerte. Fuentes judiciales informaron a LANACION.com que hasta ahora se tomaron declaraciones testimoniales y se encuentra en curso el estudio comparativo de ADN de los cuerpos de las víctimas.
Si bien hay testigos que dieron cuenta de las condiciones de trabajo infrahumanas a las que eran sometidas las personas que vivían en el taller, no hubo aún ninguna imputación en ese sentido. El propio jefe de gobierno, Jorge Telerman, desde el lugar del siniestro había denunciado que en ese taller había "trabajo esclavo".